Las situaciones de desarrollo de la traducción e interpretación no son las mismas para todas las lenguas y culturas. Estas diferencias son especialmente evidentes en los casos de lenguas minorizadas, como las lenguas de signos. En el Estado español, donde la lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos catalana (LSC) conviven dentro de sus respectivos territorios con las lenguas orales, existe un desequilibrio en la protección jurídica de las lenguas de signos con respecto a las orales. Esto deriva en escenarios de vulnerabilidad y exclusión social para la comunidad sorda y sordociega signante.

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