En el estudio se analiza en qué medida la Administración pública cumple con su obligación de velar por los derechos de las personas sordas y sordociegas signantes en su relación con ella en el marco de lo establecido en la Ley 27/2007, de 23 de octubre. Esto permite identificar y promover las prácticas que contribuyen a generar una Administración cada vez más accesible en LSE.

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