La consolidación de los derechos sociales, desarrollados a partir de la Segunda Guerra Mundial, si bien con antecedentes en algunas constituciones (Weimar), supone una nueva relación entre comunidades e individuos. De estos derechos no pueden ser expulsados –si queremos avanzar hacia una sociedad más justa y por tanto más humanitaria- aquellos grupos minoritarios que presentan ciertas diferencias. Esto es válido tanto para las diferencias ideológicas o religiosas como para quienes se encuentran en situación de desamparo: ancianos, discapacitados, marginados…