Uno de los grandes déficits de las políticas públicas de discapacidad puede cifrarse en la accesibilidad; muchas ciudades y pueblos, medios de transporte y las nuevas tecnologías entre otros ejemplos siguen siendo hostiles, siguen excluyendo por ausencia de accesibilidad, a las personas con discapacidad. Sólo desde la aprobación de la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal la accesibilidad ha comenzado a considerarse en el plano legal como un presupuesto esencial para el ejercicio de derechos fundamentales de la persona. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos que mejorar; la dispersión y hasta la confusión de normas, su antigüedad y desfase en bastantes casos, la deficiente aplicación y seguimiento de las mismas, incluso la ausencia de obras divulgativas sobre esta materia, hacen que la acción pública en materia de accesibilidad siga siendo más necesaria que nunca. 

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