Parece que (¡por fin!) la agenda política y normativa de la discapacidad se mueve. Tras un largo paréntesis, las demandas reivindicadas por el movimiento asociativo de las personas con discapacidad intelectual comienzan a tener visibilidad y a ser atendidas. Aunque son varios los frentes abiertos, cuestiones como el derecho de voto -reconocido por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre- o la capacidad jurídica -en pleno proceso de revisión- centran el debate.