Dentro del colectivo de personas con discapacidad, esta situación se reproduce en el caso de las personas a las que las entidades miembros de la red Liber representan, personas adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo que cuentan o han contado con una sentencia judicial en un proceso de modificación de la capacidad jurídica y, por tanto, con un sistema de tutela o curatela en el que la entidad tutelar es la designada para la provisión de apoyos en la toma de decisiones.