Las mujeres con discapacidad se enfrentan a muchas más dificultades, tanto en el ámbito público como en el privado, para acceder a una vivienda adecuada, salud, educación, formación profesional y empleo, y es más probable que sean institucionalizadas (véase la nota al pie 1 ). También experimentan desigualdad en la contratación, tasas de promoción y pago por igual trabajo, acceso a capacitación y reciclaje, crédito y otros recursos productivos, y rara vez participan en la toma de decisiones económicas.