Este protocolo es un documento de ayuda a las Administraciones Públicas para la convocatoria de plazas de empleo público específicas para personas con discapacidad intelectual. Son orientaciones sobre las preguntas que se pueden plantear desde la Administración convocante y a las que desde Plena inclusión damos recomendaciones para conseguir que el proceso sea lo más accesible posible, garantizando los principios de mérito y capacidad, pero también el de igualdad de oportunidades.