La accesibilidad no solo favorece a las personas con discapacidad, sino que facilita la vida a gran parte de la población. Las compras públicas suponen una gran parte del mercado de bienes y servicios. Si las licitaciones de las administraciones públicas no tienen en cuenta la accesibilidad, se estará financiando la discriminación. La mayoría de los países europeos han firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y deben asegurar que se cumple el criterio de la accesibilidad universal y el principio de no discriminación.

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