La responsabilidad social ha dejado de ser una función exclusiva del Estado para convertirse en una necesidad de todos los operadores sociales y económicos, por tanto, también de empresas e instituciones. Desde las Administraciones Públicas se han llevado a cabo diferentes acciones para promover la responsabilidad social de las empresas, pero es imprescindible que las propias Administraciones y entidades públicas desarrollen herramientas que se ocupen de la responsabilidad en su gestión para con la sociedad a la que se debe. Para que la Administración Pública trabaje hacia la excelencia, optimizando sus procesos en favor de sus resultados y siguiendo criterios de responsabilidad social, debe someterse a la autoevaluación, seguimiento y control de sus políticas para comprobar el logro de los objetivos y/o, en el caso de ser necesario, rediseñarlas de forma que sean eficientes y realmente efectivas.