Este estudio es fruto de un análisis de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de los problemas para garantizar el derecho a la salud de las personas menores de edad afectadas por patologías mentales y cómo esta situación se ha visto agravada por la pandemia, especialmente en las personas más vulnerables. También, de la urgencia de luchar contra los casos de suicidio en la población infanto juvenil, cuando la Organización Mundial de la Salud ya ha alertado sobre el incremento de las muertes por suicidio a nivel mundial, especialmente en la población adolescente y reconoce que el suicidio es una prioridad para la salud pública. El objetivo de este estudio es visibilizar una problemática emergente y solicitar de los poderes públicos y de la sociedad en general un compromiso de actuación. Es una responsabilidad social irrenunciable. Es preciso que la salud mental infantojuvenil constituya una prioridad en las políticas públicas de Andalucía. Estamos obligados a buscar soluciones y trabajar para reducir esta “epidemia invisible”. 

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