Descripción:

los alumnos con discapacidad intelectual precisan de buenas prácticas de evaluación e intervención desde enfoques holísticos para garantizar su derecho a la educación inclusiva. Estas prácticas se ordenan por la legislación educativa estatal que se concreta en la normativa de cada comunidad autónoma. La variedad de regulaciones existentes demanda su revisión crítica individualizada para valorar si ofrecen marcos científicamente avalados que respalden las decisiones que se toman. Método: se ha analizado la legislación educativa estatal y las concreciones normativas vigentes que regulan la atención a la diversidad en cada comunidad empleando una lista de comprobación que recoge las variables que definen cada fase de atención a la diversidad y los procedimientos de evaluación e intervención en discapacidad intelectual. Resultados: la atención a la diversidad pone el foco de evaluación e intervención en aspectos organizativos-curriculares descuidándose la evaluación e intervención en autodeterminación y calidad de vida, esenciales en el desarrollo e inclusión de los alumnos con discapacidad intelectual. Conclusiones: las necesidades educativas especiales como las entiende la normativa vigente y la falta de desarrollos vinculados a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad son barreras a las prácticas inclusivas de los alumnos con discapacidad intelectual, siendo necesario adoptar modelos científicos de evaluación-intervención en los que se apoye el desarrollo de marcos legales que garanticen la inclusión y se orienten al máximo desarrollo posible y mejora de la calidad de vida de este alumnado.

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