El derecho a la educación que se reconoce para las personas con discapacidad en el artículo 24 de la Convención Internacional de Naciones Unidas, reivindica necesariamente un sistema educativo inclusivo, para todas las personas y en todos los niveles escolares. Se trata de un imperativo legal el que no cabe la educación especial, que debe ir migrando -en un periodo razonable- hacia estructuras y prácticas plenamente inclusivas para todo el alumnado, sin distinciones ni acepciones.

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