Esta obra estuvo a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas con discapacidad se ha convertido en un referente para orientar la interpretación judicial y lograr la vigencia de sus derechos. Se trata de un documento consultado por personas dedicadas a la función jurisdiccional, a la defensa de los derechos humanos, a la actividad docente, a la producción académica y al estudio del derecho, entre otros perfiles.

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