Uno de los principales retos, si no el mayor, que plantea la aplicación efectiva de la Convención radica en el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, al afirmarse en el apartado 2 de su artículo 12 que “los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida” y establecerse a continuación que “los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercic

Publicación donde se recogen, clasifican y comentan todas las conclusiones de las Jornadas celebradas por la Fundación Æquitas entre los años 2002 y 2007.

Formularios y Dictámenes de Gonzalo López Ebri, en colaboración con la Fiscalía Provincial de Valencia. 

Este documento tiene el doble objetivo de señalar la necesidad de una reforma educativa en España para el cumplimiento de las obligaciones de la Convención Internacional y el de hacer propuestas para dicho ajuste desde un enfoque jurídico. Para ello se hace una completa exposición del sistema educativo, desde su funcionamiento y su protección como derecho.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Un día después, se promulgaba en España la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Ambas cuerpos normativos, gestados paralelamente en el tiempo, y que se proyectan sobre realidades con evidentes conexiones entre sí, parecen diferir en cuanto a los principios, valores y modelos de concebir la discapacidad que los informan.

Acompaña CD-ROM. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Un día después, se promulgaba en España la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Ambas cuerpos normativos, gestados paralelamente en el tiempo, y que se proyectan sobre realidades con evidentes conexiones entre sí, parecen diferir en cuanto a los principios, valores y modelos de concebir la discapacidad que los informan.

Esta publicación tiene por objeto ofrecer aquellos contenidos del informe anual 2016 del Defensor del Pueblo que pueden tener interés especial para personas con alguna discapacidad. Lo que aquí figura es el resultado de las actuaciones de la institución, que responden tanto a quejas presentadas por personas individuales u organizaciones sociales, como a nuestra propia iniciativa.

“Anales de Derecho y Discapacidad” colma una laguna en el panorama de nuestra literatura y bibliografías jurídicas, que carecían hasta ahora de una publicación periódica de altura académica y doctrinal sobre las relaciones entre Derecho y personas con discapacidad. Con carácter anual, "Anales de Derecho y Discapacidad" irá reuniendo artículos, recensiones, críticas y notas de interés y actualidad sobre las interacciones del ordenamiento jurídico y el fenómeno de la discapacidad.

Anales de Derecho y Discapacidad” colma una laguna en el panorama de nuestra literatura y bibliografías jurídicas, que carecían hasta ahora de una publicación periódica de altura académica y doctrinal sobre las relaciones entre Derecho y personas con discapacidad. Con carácter anual, "Anales de Derecho y Discapacidad" irá reuniendo artículos, recensiones, críticas y notas de interés y actualidad sobre las interacciones del ordenamiento jurídico y el fenómeno de la discapacidad.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, es el hecho social, político y legislativo más relevante de los acontecidos en la esfera de las personas con discapacidad en lo que va de siglo, y sus efectos transcendentes está llamados a desplegarse aún por mucho tiempo más. Por fin, ha ocurrido algo, en términos políticos y jurídicos, a la altura de los abrumadores requerimientos de derechos, inclusión y bienestar que reclaman las personas con discapacidad.