La responsabilidad social ha dejado de ser una función exclusiva del Estado para convertirse en una necesidad de todos los operadores sociales y económicos, por tanto, también de empresas e instituciones. Desde las Administraciones Públicas se han llevado a cabo diferentes acciones para promover la responsabilidad social de las empresas, pero es imprescindible que las propias Administraciones y entidades públicas desarrollen herramientas que se ocupen de la responsabilidad en su gestión para con la sociedad a la que se debe.

En esta guía se trabaja con seis líneas de actuación, la primera tiene que ver con el buen gobierno, con la adopción de códigos éticos, no solo adoptarlo sino que sea conocido por la gente, comprensible y aplicable y para eso es importante tener un comité de seguimiento, con un canal de denuncias que sea perfectamente confidencial para que la gente no tenga ningún reparo en denunciar. La segunda línea de actuación es la adhesión a iniciativas de RSC, por los beneficios claros que eso aporta.