Las personas con discapacidad siguen enfrentándose a grandes dificultades para conseguir un puesto de trabajo. Prueba de ello es su baja tasa de empleo, que ronda el 30%, cuando la cifra correspondiente a la población general se sitúa en torno al 58%. Las cláusulas sociales se perfilan, a este respecto, como una de las herramientas más útiles de las políticas de activación del empleo, tanto en el sector privado como en el público. Este último tiene, además de una mayor responsabilidad moral en el uso de estos instrumentos, el deber legal de utilizarlos.