Chile ha logrado indicadores de crecimiento superiores a los de la región, sin embargo, sus beneficios no se han distribuido de manera equitativa en toda su población y las personas en situación de discapacidad forman parte del grupo menos favorecido. El Programa de Gobierno 2014-2018 de Michel Bachelet, consciente de esta situación, propuso dentro de sus objetivos avanzar hacia la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad y, para lograrlo, ofreció como estrategia la implementación de un programa de capacitación en oficios para 20.000 personas en situación de discapacidad.

Esta obra aborda en profundidad, de forma rigurosa y no exenta de espíritu crítico, el Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. De la mano de un grupo de autores con experiencia consolidada en el ámbito jurídico y social de la discapacidad, se analiza, capítulo a capítulo, el contenido del Texto Refundido, con acertadas citas jurisprudenciales y doctrinales, sin olvidar en ningún momento el marco jurídico internacional.

Se trata de un material de máxima relevancia y actualidad que pretende ayudar a garantizar que los derechos de las personas con Daño Cerebral se cumplan y se respeten.

Los capítulos y anexos de este libro contienen muchos ejemplos de diversas experiencias y prácticas, como también extractos de leyes u otros documentos de carácter legal de diferentes países. Estos ejemplos no representan recomendaciones o “modelos” a ser copiados; tienen más bien la intención de ilustrar lo que diferentes países están haciendo en el área de la salud mental, derechos humanos y legislación.

El libre ejercicio de nuestra ciudadanía no sólo es importante desde una perspectiva democrática, ya que las personas que experimentamos sufrimiento psíquico deberíamos seguir siendo ciudadanas de pleno derecho, sino que además disminuye nuestro sufrimiento y contribuye a activar procesos de recuperación y empoderamiento.

Este informe da visibilidad a las vulneraciones de derechos que han sufrido las personas con discapacidad física y/u orgánica a lo largo de 2020, con el fin de denunciar y promover la toma de conciencia sobre la situación de desigualdad existente, a pesar de tener reconocidos los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. El informe pone de manifiesto que el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda son los derechos más vulnerados a las personas con discapacidad física y/u orgánica.

Anales de Derecho y Discapacidad” colma una laguna en el panorama de nuestra literatura y bibliografías jurídicas, que carecían hasta ahora de una publicación periódica de altura académica y doctrinal sobre las relaciones entre Derecho y personas con discapacidad.

Esta publicación recoge todos los contenidos del informe anual 2020 del Defensor del Pueblo relacionados con las personas con discapacidad. Se incluyen también los capítulos que tienen que ver con dependencia, salud mental y mayores, en la medida en que, proporcionalmente, existe una relación relevante. Se sigue el mismo orden del informe anual, indicando entre corchetes, detrás de cada título, los correspondientes números de los capítulos, epígrafes y subepígrafes del informe al que pertenecen.

El presente estudio analiza una aproximación a la discapacidad como un problema de Derechos Humanos, además de establecer los objetivos y principios que rigen la CIDPD. Realizada esta contextualización, a modo de marco teórico, se aborda la legislación foral con incidencia en las personas con discapacidad, de la que se presenta una valoración sobre su adecuación a las premisas de la Convención y se proponen aquellas modificaciones legislativas que resultan precisas para su adecuación.

Uno de los principales retos, si no el mayor, que plantea la aplicación efectiva de la Convención radica en el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, al afirmarse en el apartado 2 de su artículo 12 que “los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida” y establecerse a continuación que “los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercic